El delito de prisión preventiva “arma de sometimiento” para atrapar personas inocentes: Jesús Velázquez
- Ante el congreso federal presenta iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales
Xalapa, Ver.- Porque se trata «de un arma de sometimiento» para atrapar a personas inocentes», el diputado federal del PRD, Jesús Velázquez Flores, presentó en el congreso federal reforma para echar abajo el delito de «prisión preventiva».
De conformidad con los resultados obtenidos por el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal en 2021, presentado por el INEGI se establece que 86 mil 317 personas privadas de su libertad se encuentran bajo esa medida cautelar, mientras que 30 mil 388 más permanecen con sentencia no definitiva, convirtiéndose en un problema grave para Centros Penitenciarios.
De ahí surge la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos 156 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la que se busca que los Jueces de Control, antes de dictar la prisión preventiva (tratándose de delitos que no requieren prisión preventiva oficiosa), agote la aplicación de una o más medidas cautelares dispuestas en el artículo 155 del mismo documento.
En ese sentido, el legislador perredista, recordó que la prisión preventiva es una medida cautelar impuesta por un juez de control a solicitud del Ministerio Público, consistente en privar de forma temporal de su libertad al imputado, atendiendo a los principios de Proporcionalidad e Idoneidad, en apego con lo establecido con el Artículo 19 Constitucional.
«Buscamos evitar que los Poderes Judiciales sometidos a las órdenes del los gobernadores en torno, se conviertan en brazos ejecutores y sea utilizada la prisión preventiva como arma de sometimiento para aquellos que no le son gratos al Gobierno”, dijo el legislador perredista.
Finalmente, Jesús Velázquez Flores pidió el apoyo de sus homólogos federales apoyar dicha reforma, para evitar que se repitan casos como el de Rogelio Franco Castán y Tito Delfín Cano, recluidos sin estar acusados de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, volviendo la el uso de la medida un tema meramente político.
